EICI


 

Las Entidades de Inspección y Control Industrial (EICI) son entidades creadas y reguladas por la Comunidad de Madrid a través del Decreto 111/1994, de 3 de noviembre, y se les asignan funciones de comprobación del cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad de instalaciones industriales en caso de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente. Este Decreto fue modificado posteriormente por el Decreto 114/1997, de 18 de septiembre, y la Resolución de 9 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, por la que se modifica el Anexo I del Decreto 114/1997.

Las EICI son Organismos de Control que deben cumplir una serie de requisitos adicionales (recogidos en el mencionado decreto), haciéndolos susceptibles de llevar a cabo determinadas funciones que, hasta su creación, venía realizando en exclusiva la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM).

El Decreto que las regula establece que la DGIEM puede requerir la presentación de un certificado o un informe expedido por una EICI para la puesta en servicio y autorización, en su caso, de las instalaciones, así como para las revisiones periódicas de los establecimientos inscritos en el Registro Industrial, relativas a los campos recogidos en el Anexo I del mencionado decreto. Estas entidades deben ser autorizadas expresamente por la DGIEM y corresponde a este órgano también su posterior seguimiento y control.

El Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las actividades del control reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid, contempla que estas entidades puedan intervenir además en el procedimiento administrativo de puesta en servicio de las instalaciones industriales, por lo que todos aquellos procedimientos de inscripción de instalaciones en los correspondientes registros que están siendo “externalizados” por la Consejería de Economía y Hacienda, están siendo gestionados, desde su regulación, por este tipo de entidades.

Con ello, se consigue incrementar el número de puntos de atención al ciudadano, así como mejorar la agilidad y rapidez en la tramitación y garantiza un control del cumplimiento de las condiciones de seguridad alcanzando la optimización de los recursos técnicos y humanos de los que dispone la Administración, ya que este sistema permite incrementar el número de instalaciones ejecutadas que son revisadas in situ y no solamente a través de sus proyectos de ejecución.